Esta semana se pretenden revisar las normas que exigen la realización de las evaluaciones de impacto ambiental, con dos objetivos muy claros: exigir unos estudios más estrictos a aquellas actividades que pueden producir un mayor impacto medioambiental; y en segundo lugar, librar de estas exigencias mayores a proyectos de pequeña escala y aquellos adaptados a reducir su tamaño.
En muchas ocasiones, algunos proyectos propuestos en los Planes de Acción Local de Agendas 21, requieren la elaboración de Evaluaciones de Impacto Ambiental y otros estudios complementarios, que suponen un incremento de los costes del proyecto, que en ocasiones, terminan por anular una posible rentabilidad.
Este cambio en los criterios, siempre que se realicen de manera adecuada, podría suponer un alivio para aquellos proyectos que realmente causan un impacto ambiental muy reducido y limitado, facilitando la puesta en marcha de actividades económicas que generen puestos de empleo
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